Pinceladas sobre el Estado: misión social y el modelo dominicano (10)
Por: Pedro Corporán
La tragedia humana de la II Guerra Mundial, terminada con la caída de Berlín en 1945, con la victoria de la Coalición Internacional Antifascista que delineó el orden geopolítico mundial y dividió la nación alemana en Oriental y Occidental, fortaleció el poder supremo del Estado del Bienestar y su misión social siguió ampliando el espectro de los derechos fundamentales del hombre.
En los Estados Unidos, controlada la crisis del 29, la economía siguió creciendo a aceleradamente durante la guerra, impulsada especialmente por la industria armamentista y el crecimiento mundial de la demanda del mercado internacional de multiplicidad de productos agrícolas e industriales de preferencia bélica y privilegiado por no haber sufrido ningún tipo de destrucción de su infraestructura productiva y general, aunque instituyó el orden mundial bipolar liderado por la superpotencia norteamericana en el capitalismo y la Unión Soviética que había sido fundada en 1922, en el mundo socialista.
Como parto doloroso, en 1944 nacieron en los Estados Unidos los derechos de segunda generación, cuando el presidente Franklyn Delano Roosevelt propuso una segunda Bil of Rights (Carta de Derechos) que reconocía los derechos económicos, sociales y culturales en la búsqueda de una sociedad económica y socialmente más justa, con políticas públicas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. De esta forma la misión del estado se convirtió en doctrina humanista.
Constituye un dato histórico que arroja luces al tema, el hecho de que México incluyó estos derechos en su texto constitucional desde el año 1917, hito histórico considerado el primero en el mundo.
Para captar la trascendencia de la aprobación de los derechos de segunda generación y su relación de inter dependencia con los derechos de primera generación (políticos y civiles), recurramos a los juicios del profesor Jeremy Waldron de la Universidad de Nueva York: “…si de verdad existe la preocupación por garantizar las libertades políticas y civiles de las personas, ese compromiso debe acompañarse de la preocupación sobre las condiciones de vida de las personas que hacen posible el disfrute y ejercicio de la libertad. ¿Por qué razón merecería la pena luchar por la libertad de las personas (es decir, su libertad para elegir entre A y B) si fuese abandonado a una situación en la que la elección entre A y B no significara nada para él, o en la que la elección entre una y la otra no tuviese la menor consecuencia en su vida?”
En ese marco histórico, el Estado del Bienestar, interventor, regulador y mecenas del principio del bien común, fortificó su base institucional y se expandió por todo el mundo occidental capitalista, con especial acentuación en el viejo continente, apoyado por el gigantesco Plan de Recuperación de Europa, más famoso por el nombre de Plan Marshall, aprobado en 1947, autoría del entonces Secretario de Estado norteamericano, el general George C. Marshall, con un fondo de 12 mil millones de dólares de la época, aplicado por los Estados Unidos de América para la reconstrucción europea.
La estrella del Estado del Bienestar seguía subiendo como la de David, como árbitro del equilibrio económico y dique de contención del desborde de la desigualdad clasista en el modo de producción capitalista.
La prédica de que todo Estado debe ejercer el poder con apego al principio del bien común, es cónsona con el código jurídico más sublime que haya alumbrado revolución alguna en la existencia de la humanidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, documento que se convirtió en el mecenas histórico jurídico de la posterior Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada 158 años después, por la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948.
Las huellas indelebles de los filósofos del modernismo alcanzaba la cumbre con un código que se volvió universal y que inicia su texto proclamando aquellos excelsos principios: “Artículo no1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Ellos son dotados de razón y de consciencia y deben actuar los unos con los otros con un espíritu de fraternidad”.
Después de siglos de debates, el principio del bien común se convirtió en la estrella más lumínica de la misión social suprema del Estado, una identidad que también ha logrado consenso universal, trascendiendo todas las banderas ideológicas, doctrinales, políticas, conviccionales y filosóficas, en el marco de cada modelo dentro de los dos sistemas económico-políticos dominantes, el estado socialista y el estado capitalista.
Evolucionados los estados hasta el ciclo actual de la sociedad, nadie discute que vivimos la era del Estado Social, Democrático y de Derecho, aunque no en todos los contornos del planeta, como identidad preeminente, normado por un código jurídico macro representado por la Constitución, como precepto supremo que apadrina los derechos fundamentales acumulados de la primera, segunda y tercera generación (siglos XVIII, XIX y XX). Recordemos que estamos circunscritos al modelo de estado del mundo occidental.
Se trate o no de capitalismo o socialismo y todas sus degradaciones, los dos sistemas existentes en la sociedad de hoy, levantan el principio del bien común como su fin supremo, atribuido como virtud a todas las concepciones sociales, económicas y políticas de la ideología que predica cada sistema.
Definitivo este principio es como una bandera que ondea en los palacios de poder de todos los estados del mundo, aunque su señorío jurídico depende de una multiplicidad de factores, desde religiosos, sociales, económicos, raciales, ideológicos, de género, clasistas, políticos y étnicos hasta los de orden cultural.
Inspirado en un principio tan esencial, en el marco de una visión muy propia, consideramos que la misión social y económica suprema del Estado, surgido al influjo de la doctrina constitucional, como instrumento dominante de dirección de la sociedad, es proteger, acondicionar y desarrollar la infraestructura física básica natural de la nación que representa, para viabilizar que los individuos y sus instituciones, tengan la mayor cantidad de alternativas posibles de desarrollo, superación, realización y progreso material, social, espiritual y cultural general.
Lo anterior, en nuestros juicios, no es posible sin organizar a la sociedad con Códigos Macros supra e infra estructurales, basados en principios de inclusión social universal, reconocimiento de las facultades y derechos naturales y positivos del hombre, los principios existenciales de su naturaleza y las leyes inexorables de su evolución.
Por dictamen de sus propios principios fundacionales, esencialmente la doctrina del bien común, ningún estado tiene derecho a estructurar un orden jurídico, social, político y económico excluyente y adoptar doctrinas ideológicas ni códigos de poder que desconozcan los derechos naturales del ser humano y su dignidad existencial.
Pinceladas sobre el Estado, misión so
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Sin dudas que lo anterior fue uno de los acontecimientos jurídicos más impactantes de la sociedad mundial en el siglo XX, el punto de inflexión del inicio real de la era de los derechos humanos, espina dorsal del principio del Bien Común como misión social principal del Estado Social, Democrático y de Derecho.
La lucha ha sido lacerante, porque el espíritu de fraternidad no germina mucho en la conciencia humana, la misma que creó el esclavismo, el feudalismo, el “aparheismo”, el racismo y la discriminación social; pero ha logrado elevar a la cima de los ordenamientos jurídicos de las naciones del mundo, los derechos inalienables del hombre que siguen in crescendo, tutelados por los organismos supranacionales como la ONU, OEA, OMC, OIT, UE (Unión Europea) y otros competentes en todas las ramas del derecho internacional público, conformando una historia irreversible de derechos conquistados en varios ciclos generacionales de nuestra era.
En el resto del continente americano también llegaron los cimientos del Estado del Bienestar que enfrenta hoy una de sus peores crisis, provocadas por la ideología del minimalismo del estado que impulsa neuróticamente el neoliberalismo.

